Sesenta organizaciones entre las cuales se cuentan la Unión Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos, la Asociación de Vocales de Control de los Servicios Públicos, el Sindicato de Trabajadores de las Empresas de Servicios de Bogotá, la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC - , ECOFONDO, CENSAT – AMIGOS DE LA TIERRA y el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad de Caldas, tomaron definitivamente la decisión de promover un referendo constitucional para incluir en la Constitución de Colombia el derecho humano al agua, con un mínimo vital gratuito para las personas que no puedan pagarlo; la prohibición de la privatización del servicio de acueducto y alcantarillado el cual quedará a cargo exclusivo de entidades que no persigan el lucro, estatales y comunitarias y la protección especial para los ecosistemas estratégicos en el ciclo hidrológico.
La alianza entre ambientalistas, sindicalistas, científicos y usuarios se venia fraguando desde el año pasado cuando el Proyecto de Ley del Agua prendió todas las alarmas y puso en el debate nacional los peligros de la privatización. Una verdadera cascada de estudios vienen demostrando hasta donde ésta ha penetrado en los servicios "públicos" y como han aumentado las tarifas del suministro de agua a la población. Entre los mas recientes se cuentan el de Proexport denominado "Costos de los servicios públicos para las diez ciudades principales de Colombia", según el cual la tarifa de agua en Bogotá ($1.816,oo, por metro cúbico, equivalentes a US$ 9,oo aproximadamente) es la mas elevada del país y una de las mas costosas de América Latina. Aunque no hay consenso en las causas, para los defensores del agua como bien público no cabe duda que dichos aumentos se relacionan con la privatización de la medición del consumo en Bogotá, entregado a tres empresas privadas que se reparten la ciudad para tal efecto. Así mismo se relacionan con la concesión de la planta de Tibitoc a una empresa privada que factura el metro cúbico por un valor diez veces superior al de la planta Wiesner, operada directamente por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Esta empresa conservando su fachada pública va siendo privatizada por partes. Al tiempo aumenta la resistencia a las concesiones de los acueductos a empresas privadas o "públicas" de otra región, como ocurrió recientemente en la ciudad de Armenia cuando la ciudadanía reaccionó ante la pretensión del Alcalde de entregar el acueducto a Empresas Públicas de Medellín – EPM -, la cual actúa en las regiones de Colombia como si fuera una empresa privada es decir orientada por el ánimo de lucro. Incluso obtuvo el año pasado la concesión del acueducto de la capital peruana. Al tiempo con la privatización crecen los problemas de suministro como se ha puesto de presente en la ciudad de Quibdó y en el municipio de Villa del Rosario, cercano a Cúcuta, para mencionar solo dos casos de las últimas semanas. A propósito, el reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD – denominado: "Mas allá de la escasez: poder, pobreza y crisis mundial del agua" ha recabado sobre la gravedad del problema. Según dicho informe, 3.700 millones de personas no tienen acceso a condiciones elementales de salubridad y 1,8 millones de niños de los países pobres mueren, cada año, de enfermedades relacionadas con la escasez y la calidad del agua que consumen.
Esta confluencia de problemas planetarios, nacionales y regionales, que constituyó uno de los temas centrales del Foro Social Mundial, celebrado en Nairobi a fines de Enero pasado y que ha dado pié a la convocatoria de una Asamblea Mundial de Ciudadanos por el Agua, que se reunirá a mediados del mes de Marzo en Bruselas, ha producido una reacción igualmente mundial de la cual Colombia no es ajena y no podría serlo pues siendo uno de los países con mayor potencial hídrico vive la paradoja de la falta de suministro a sectores crecientes de la población y es a la vez codiciada por la multinacionales, las cuales ya controlan, entre otros, los acueductos de Monteria, Cartagena y Santa Marta. Por lo anterior la decisión de las sesenta organizaciones reunidas el pasado sábado 24 de Febrero en el Auditorio de la Defensoría del Pueblo en Bogotá, puede considerarse crucial. En dicha reunión se constituyó un amplio Comité de Impulso al Referendo que funcionará en pleno y en cuatro comisiones que abordarán los temas político – jurídicos, organizativos, de educación y comunicación y finanzas. Así mismo se conformarán Comités Promotores del Referendo en las regiones colombinas. La Ley 134 de 1994, que regula en Colombia los mecanismos de participación ciudadana, establece que para inscribir la iniciativa del referendo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, se requiere el apoyo de un número de ciudadanos que represente el 5 por mil del censo electoral, es decir unas ciento cincuenta mil personas aproximadamente. Dichos apoyos son a la iniciativa y a un Comité Promotor de nueve personas que son los responsables, ante la Ley, de la iniciativa. Este es el primer paso en el camino legalmente tortuoso del referendo en Colombia. El grupo de organizaciones evaluó positivamente la posibilidad de reunir en breve plazo los apoyos iniciales (150.000 firmas) y estableció los criterios de conformación del Comité Promotor que exige la Ley. Estará conformado por tres ambientalistas, dos delegados de los usuarios, dos sindicalistas, un delegado de los grupos étnicos y un delegado de los acueductos comunitarios.
Los anteriores sectores nombrarán sus delegados en el curso de la presente semana, y cada uno de ellos tendrá un suplente, procurando a la vez una adecuada representación regional.
Una vez inscrita formalmente la iniciativa ante la Registraduría, se inicia la recolección de un millón y medio de firmas (5% del censo electoral), necesarias para que la iniciativa convertida en Proyecto de Acto Legislativo sea considerada por el Congreso Nacional. De ser rechazada por este, puede ser sometida a referendo, con el apoyo de otro millón y medio de firmas y queda aprobada si en la respectiva votación participa el 25% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral y la mitad mas uno de ellos se pronuncia a favor del texto respectivo.
No se nos escapa que los mecanismos de la democracia participativa quedaron en Colombia atados a engorrosos trámites y preñados de un legalismo que tiende a castrar la iniciativa popular. Sin embargo, la sensibilidad del tema en la opinión pública colombiana y la alta disponibilidad de la ciudadanía a defender el agua, puesta de manifiesto en frecuentes y nutridas manifestaciones de diverso tipo, conducen a confiar en el éxito del referendo. Este deberá impulsarse precisamente como parte de la movilización social por el agua que aflora por toda la geografía nacional y no sustituye las resistencias regionales y locales frente a la privatización y el encarecimiento de los servicios públicos. Por el contrario, apunta a dar a estas un referente nacional capaz de oponerse a las políticas del Banco Mundial y las multinacionales, desafortunadamente acogidas por el gobierno colombiano.
JUAN CAMILO MIRACoordinador Campañahttp://www.ecofondo.org/
POSTER: Marta Granados
