Las próximas semanas serán definitivas para la suerte del referendo sobre el agua en Colombia, el cual, apoyado por más de dos millones de firmas, inició su trámite a mediados de octubre del año pasado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Formalmente, la iniciativa ha tenido todas las garantías. Incluso la ponencia mayoritaria recomienda a la Comisión su aprobación, y otra suscrita por solo dos representantes no la niega sino que propone modificarla. Han pasado, sin embargo, tres meses, descontando el receso de fin y comienzo de año y la convocatoria al referendo —para que los ciudadanos decidan si quieren establecer el derecho humano fundamental al agua potable, garantizado por un mínimo vital gratuito, la protección y destinación prioritaria de los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua a este fin— no recibe aún aprobación de la mencionada Comisión.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Ambiente y la Superintendencia de Servicios Públicos, ha hecho pública su oposición al referendo. Se argumenta que la consagración de tal derecho generará numerosas acciones de tutela de difícil o imposible cumplimiento, que el mínimo vital gratuito es demasiado costoso y que el aporte de la empresa privada es fundamental para dar agua potable a los colombianos.
Los promotores han replicado manifestando que las tutelas ya son muchas, que su incremento no depende del reconocimiento de un derecho que ya ha sido aceptado por la propia Corte Constitucional, sino de las altas tarifas que se cobran por un bien esencial para la vida.
Así mismo, controvierten las bases de cálculo de la Superintendencia de Servicios en relación con el costo del mínimo vital gratuito por considerarlas exageradas en varios aspectos, y señalan que la inversión privada en el servicio de acueducto y alcantarillado no sobrepasa el 15%, estando el resto a cargo del Estado y los usuarios.
Todo lo anterior requiere, efectivamente, un examen cuidadoso, pero si no se quiere enterrar definitivamente el referendo como mecanismo de participación, el debate debería darse no solo en el Congreso sino de cara a la ciudadanía, para que ella decida, que es el sentido de la consulta.
Se trata de un tema fundamental para el presente y el futuro de Colombia, y se han cumplido los exigentes requisitos de la Ley 134 de 1994, reglamentaria del mencionado mecanismo.
De otra parte, modificar sustancialmente el texto firmado por los ciudadanos sería una especie de ‘golpe de estado’ a la participación ciudadana, la cual quedaría reducida solamente a la posibilidad de proponer un tema, corriendo el riesgo de que la propuesta que finalmente se ponga a votación sea parcial o totalmente contradictoria con la que sirvió de base para recoger las firmas, y en todo caso diferente.
La fuerte oposición del Gobierno es una prueba de fuego para el Congreso, pues quien debe decidir es este último. Las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo en un país de fuerte orientación presidencialista como Colombia tienden a ser unidireccionales. Sin embargo, los esbozos de democracia participativa consagrados en la Constitución de 1991 que nos rige, requieren del Congreso, independientemente de las evidentes mayorías gubernamentales, un examen distinto.
Finalmente, la discusión coincide con el reciente V Foro Mundial del Agua celebrado en Estambul, Turquía, donde la idea de reconocer el derecho humano al agua obtuvo el apoyo de 24 países del tercer mundo y el de España.
Esta última adhesión hará que el tema se discuta en el seno de la Comunidad Europea. No hay duda, pues, de las bondades de la iniciativa del referendo del agua, que nos sintoniza con las preocupaciones mundiales, a las cuales llegamos generalmente tarde.
Esperamos, entonces, que una vez pasado el receso legislativo de la Semana Santa, el Congreso de la República aboque sin más dilaciones este tema y diga la última palabra al respecto.
fuente:http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO/BancoConocimiento/E/edito040409/edito040409.asp
